El Banco Ciudad vuelve a movilizarse en defensa del banco público y en rechazo del Proyecto de Ley presentado por Diana Conti.

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires informa que el próximo martes 26 de junio, los empleados del Banco Ciudad, acompañados por sus familias, llevarán a cabo una acción de protesta que consistirá en una movilización al Congreso de la Nación en defensa del banco público y en rechazo del proyecto de Ley presentado por la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que será tratado en audiencia pública por un plenario conjunto de las comisiones de Justicia y de Finanzas de la Cámara de Diputados, ese mismo día a partir de las 14. Dicho proyecto impulsa el traspaso al Banco Nación de los fondos judiciales de los fueros Comercial y Laboral correspondientes a litigios con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del fuero Federal, que el Banco Ciudad administra desde el año 1965 por la ley 16.869; por la Constitución Nacional, a través de la reforma de 1994 que establece la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; y por la ley 24.588, conocida como “Ley Cafiero”, que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, promulgada en noviembre de 1995.

Convoca a esta manifestación de protesta la Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad y adhiere la Asociación Bancaria.

La movilización del próximo martes será la segunda jornada de protesta de los empleados del Banco Ciudad contra el proyecto de traspaso de fondos judiciales. El 12 de junio pasado, con motivo de la primera audiencia pública en el ámbito de la Comisión de Justicia de Diputados, se realizó una masiva movilización de los empleados del Banco Ciudad al Congreso, acompañados por sus familiares y por la Asociación Bancaria, y a los que se sumaron asociaciones de empleados judiciales, de los bancos Provincia y Nación y asociaciones de taxistas, entre otros participantes y adherentes a la marcha. En esa oportunidad expuso el Presidente del Banco Ciudad, Federico Sturzenegger, quien, acompañado por el Directorio del banco, fundamentó los motivos del rechazo al proyecto: En primer término explicó las políticas crediticias del Banco Ciudad y su importante rol social como banco público desde sus orígenes, y subrayó la preocupación por la afectación directa que tendría el proyecto sobre los beneficiarios de esos créditos, ciudadanos y fuerzas productivas, y sobre las políticas de vanguardia sobre bancarización gratuita que impulsa el Banco Ciudad. A su vez, puntualizó que el Banco Ciudad por ley no puede financiar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino que los recursos de la entidad se utilizan para brindar diferentes líneas de financiamiento para personas y empresas. En lo que respecta a la operatoria judicial bancaria, Sturzenegger se refirió al sistema de servicios de calidad que se brindan a la Justicia, y a la inversión realizada en informatización y modernización de todos los procesos que ha llevado adelante el Banco Ciudad en la materia durante los últimos años.
La Diputada Diana Conti, en esa primera audiencia, informó que introdujo una modificación al proyecto para que el giro de los depósitos judiciales se aplique para las causas que surjan a partir de la vigencia de la ley y no a los depósitos que actualmente se encuentran en custodia del Banco Ciudad.
Federico Sturzenegger aclaró que, no obstante los cambios introducidos por la diputada Conti, el proyecto continúa siendo muy preocupante para la entidad porque la modificación lo único que logra es dilatar en el tiempo el daño producido al banco público de la Ciudad, y, por lo tanto, se debe continuar trabajando en todos los ámbitos para obtener el rechazo por parte del Congreso. Sturzenegger le solicitó a la diputada Conti que “retire el proyecto porque afecta a la gente, no le trae ningún beneficio a la sociedad”.
A su turno, el vicepresidente del Banco Ciudad, Dr. Juan Curutchet, expuso los fundamentos jurídicos por los cuales el proyecto es inconstitucional y discriminatorio para los ciudadanos porteños y del Gran Buenos Aires: "El proyecto de ley de la diputada Conti es manifiestamente inconstitucional. A partir de la reforma constitucional de 1994 y la sanción de la “ley Cafiero”, no es posible revertir transferencias de funciones que la Nación ya hubiera efectuado al GCBA. La ley Cafiero identifica los intereses esenciales del Estado Nacional y no incluyó a los depósitos judiciales entre ellos. El Congreso Nacional dictó la ley 16869 en ejercicio de sus facultades como legislatura local y esa facultad se extinguió con la reforma constitucional de 1994".

Para esta segunda audiencia pública han sido invitados a exponer Alberto García Lema, abogado constitucionalista; Rafael Pascual, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; entre otros.